Antecedentes

El Norte del Cauca, es una región que esta más cerca del Valle, con quien comparte parte del valle geográfico así como su cercanía a la capital Vallecaucana. Depende económicamente y comercialmente de Cali, y padece una gran violencia en su territorio a consecuencia de una lucha territorial por parte de grupos armados.

La zona esta compuesta por 9 municipios:

Santander de Quilichao, cabeza de la subregión y donde CISALVA y Georgetown han venido desarrollando la propuesta de Observatorio del Delito desde septiembre de 2002.

Caloto, Municipio al oriente de Santander con características geográficas y étnicas similares.

Miranda, municipio limítrofe con Florida en el Valle del Cauca y con mayor relación de intercambio con el Valle.

Corinto, municipio intermedio entre Miranda y Caloto, con alta proporción de población indígena de origen Páez.

Toribio, municipio de la zona de la cordillera, con mayoría de población indígena Páez y con una gran problemática de conflicto armado en su territorio.

Puerto Tejada, municipio de población negra, de geografía plana, zona agrícola apta para cultivo de caña de azúcar.

Padilla, igualmente municipio de alta proporción de etnia negra, y es el municipio más pobre de la zona norte del Cauca.

Suárez, en la zona occidental de Santander sobre la cordillera occidental. Alta proporción de etnia negra. Presencia de grupos armados en su zona.

Timba, vecino de Suárez y en la zona de la cordillera occidental, con problemática similar a Suárez.

Se escogió la realización de un observatorio subregional en esta zona del departamento, por su problemática delictiva relacionada no solo con el conflicto armado, sino con producción y comercialización de coca y amapola. Además, los municipios vecinos de Santander tienen una alta relación comercial con este y comparten la problemática de presencia de guerrilla y autodefensas en su zona.

Las entidades de justicia y control tienen básicamente la misma cobertura geográfica de la zona.
Las fuentes de información tienen asiento en Santander a través del Distrito de Policía y las Unidades Locales de Medicina Legal y el CTI.

La metodología planteada es la misma que se utiliza para operar en el Subregional de la Ex–provincia de Obando, donde las fuentes de información en el comité operativo validan y complementan la información caso a caso de las muertes violentas y no intencionales no solo de Santander, sino del resto de municipios de la zona. En los comités de análisis, se convocan a los Alcaldes para la toma de decisiones conjunta frente a problemáticas similares.

Con los antecedentes expuestos y sobre la base de un trabajo previo en Santander y Popayán, donde los observatorios aportaron insumos para la toma de medidas de intervención, se inicia los contactos para llevar a cabo la consolidación de la propuesta.

Se realizan acercamientos con las autoridades del departamento, buscando su apoyo en la convocatoria a los Alcaldes de la zona, pero la administración pasada no se muestra interesada en un observatorio de delitos. En varias ocasiones se tuvieron reuniones con el Secretario de Gobierno buscando sensibilizarlo frente al tema de la información para la toma de decisiones, pero no fue posible un acuerdo en este sentido.

Se llego a convocar por parte de la Gobernación a los Alcaldes del Norte en una reunión de socialización de la propuesta, pero solo se tuvo la presencia del Secretario de Gobierno de Popayán, las autoridades de Policía, Medicina Legal y Fiscalía y la presencia del Alcalde de Miranda. En dicha reunión no fue posible llegar a acuerdos y el Alcalde presente puso de manifiesto que sin la voluntad política del resto de Alcaldes de la zona, no se comprometía a participar en el Observatorio.

Se intento también convocar a las administraciones a través de la Asociación de Municipios del Norte de Cauca, pero igualmente fue imposible concertar alguna reunión.

Otra vía de acercamiento que CISALVA intento, fue una convocatoria a los Secretarios de Salud del Norte del Cauca a finales de 2003, pero la reunión fue cancelada.

Finalmente, entre septiembre y diciembre de 2003, las elecciones de Alcaldes y Gobernadores desviaron la atención de las administraciones locales y ya no fue posible siquiera lograr citas para desplazarse individualmente a los municipios que no tenían problemas de orden público. Se tomo entonces la decisión, de esperar la posesión de los nuevos mandatarios, pero nuevamente los problemas relacionados con la situación política del departamento, con la declaratoria de ilegalidad de las elecciones se trunca este último esfuerzo. No se quería iniciar el esfuerzo de convocatoria subregional sin contar con el respaldo del gobierno departamental. Las nuevas elecciones se realizaron finalizando el primer trimestre por lo cual se deciden aplazar las actividades hasta consultar la voluntad política.